Cronología de los hechos más relevantes del caso


1976:
Inicio de operaciones del Banco Latinoamericano de Inversión (BLI).

1979/80:
Austral Líneas Aéreas toma  diversos créditos del (BLA) por un total de U$S 7.000.000, entre ellas la caución en garantía -en el Tesoro del BLA- de las acciones de Makin S.A., la sociedad mayoritaria controlante de Austral Líneas Aéreas.

16 de septiembre de 1980:
Decreto (reservado) 1922/80 por el que se estatiza la compañía Austral Líneas Aéreas publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de 1980.

16 de septiembre de 1980:
Carta de los accionistas de Austral al gobierno en la que reconocen al BLA como único acreedor privado de la compañía aérea, y asumen personalmente dicha deuda si la estatización no se concretase.

31 de octubre de 1980:
Secuestro de Eduardo Saiegh en las oficinas del BLA.

7 de noviembre de 1980:
Eduardo Saiegh consigue negociar su liberación.

El 16 de enero de 1981, a pesar de tener en ese momento tres firmes interesados compradores del BLA, y que así lo informaron al BCRA, entre ellos Price Waterhouse Internacional, el BCRA nos obligó, a través de su vicepresidente ejecutivo, Alejandro Reynal, mediante extorsión de amenaza de vida sobre todos los directivos del BLA, a firmar la “autoliquidación voluntaria” para desapoderarme del Banco, lo que lograron según resolución Nº 15/81 BCRA, la que luego fue apelada y declarada reiteradamente ilegal por las autoridades administrativas controlantes del BCRA.

En 1983:
Saiegh realiza la primera denuncia formal por torturas, en la causa Nº 1662 en el Juzgado Nº 5, que ya había iniciado en 1982 por extorsión, aún en época de la dictadura.

12 de junio de 1988:
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica en el diario La Prensa publica la nómina de banqueros y financistas procesados o presos en la que Eduardo Saiegh no figura en la misma.

29 de marzo de 1990:
Dictamen de la Procuración del Tesoro en el que se determina la nulidad absoluta e ilegalidad de la liquidación del BLA por realizada por el BCRA. También se indica que se debe realizar reparaciones patrimoniales a los accionistas.

No tuve nunca ni tengo ninguna causa penal en mi contra; por el contrario, promoví las demandas judiciales contra Alejandro Reynal y los directores de aquel BCRA. Además, caso inédito en la Justicia, el BLA después de más de 30 años de liquidación extrajudicial sin ningún juez que la controle, no tiene aún quiebra decretada y tengo sentencia firme en varios juicios por daños y perjuicios contra el BCRA, por cifras varias veces millonaria en dólares.
En estos más de 30 años de peregrinar por el desierto de la infamia en la Argentina, he vivido y sigo viviendo la mas absurda, arbitraria y discriminatoria injusticia, ya que mientras a mí no se me concede la reparación de mis derechos humanos violados, mi verdugo-victimario el ex Vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal -procesado por extorsión en mi causa en 1991 por el juez Irurzun, y solicitada por éste su captura a la Policía Federal- se escabulló. Luego, en 1999 fue nuevamente sentenciado por el juez Gabriel Cavallo con prisión preventiva por extorsión en grado principal, siendo eximido de prisión por el mismo juez, por una pena inexcarcelable, ¡apelando a la teoría de los Derechos Humanos! Es decir que, en nuestro país, valen los Derechos Humanos para los victimarios pero no para sus víctimas...

1999:
La DAIA presenta el caso ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de los de la Audiencia Nacional de Madrid, entonces a cargo del Juez Baltasar Garzón “por presunto delito de Terrorismo y Genocidio”, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y según destaca la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos.
Esta aberración jurídica, se completa con el fallo favorable a mí causa del juez Baltasar Garzón de 1999, caratulándola como de Terrorismo de Estado, particularizando su agravamiento por mi condición de judío.

2 de noviembre de 1999:
El juez español Baltasar Garzón reconoce al Caso Saiegh  como caso  paradigmático de Terrorismo de Estado y Antisemitismo.
Además existe la Resolución del Secretario de DDHH Luis E. Duhalde del año 2004, ratificando lo resuelto por Garzón y asumiéndolo como un delito de lesa humanidad propio del Terrorismo de Estado durante el Proceso, también enfatizando el ensañamiento por mi condición de judío.

Enero 2005:
Toda esta tipificación del delito de Terrorismo de Estado fue ratificada por el dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Osvaldo Guglielmino, señalando en el dictamen que las actuaciones ya están concluidas para se elevadas a la resolución del PEN, lo que no ha podido obtenerse todavía porque parece que en esto de los Derechos Humanos hay “hijos y entenados”.

Febrero 2008:

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su State Department, luego de estudiar y analizar el caso jurídica y políticamente, y aún del FBI, habiendo comprobado la injusticia y arbitrariedad del mismo, a partir de esa fecha y desde entonces tomó intervención en el Caso en forma directa a través de su Embajada en Buenos Aires - por medio de su embajador y sus colaboradores-, representantes y senadores del Congreso, gestiones oficiales del sub secretario de Derechos Humanos y Antisemitismo -Greg Rickman- según la ley del 2004 de USA de lucha internacional contra el Antisemitismo. (Ver documentos en ingles en la columna derecha)
Rickman viajó expresamente a Buenos Aires para plantear el Caso ante las más altas autoridades argentinas y sólo recibió evasivas, al igual que la Embajada de USA, para resolverlo de parte de sus interlocutores, dado que no tenían respuestas racionales o válidas para darles.

Enero 2009:
En esto de seguir batallando por la Verdad y la Justicia, logré una victoria en términos jurídicos cuando las actuaciones del Caso fueron elevadas como Recurso Jerárquico a la resolución del PEN, según solicitaba desde hacía muchísimos años.
En el tramo final de esta larga batalla de 30 años, en pro de la Verdad y la Justicia, esperamos que la señora Presidenta sepa "Hacer Justicia", y que reivindique "la Verdad", no sólo defendidas por mí como víctima, sino también en sus propias palabras acerca del doble sufrimiento de los judíos en la cruenta Dictadura, honrando la investidura Presidencial.

2009:
Saiegh inicia la causa federal penal Nº 1875/09 por Terrorismo de Estado y Antisemitismo

Abril 2009-Junio 2010:
Finalmente, después de más de un año y medio de iniciada la denuncia federal penal contra Alfredo Martínez de Hoz y sus Chicago Boys, y contra el Estado Nacional en la persona jurídica del BCRA, por los delitos imprescriptibles de genocidio y lesa humanidad, luego de dirimirse varias competencias acerca de su radicación, la Cámara Federal resolvió el 17 de junio de 2010, que al frente de su tramitación debe continuar el doctor Daniel Rafecas a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 3.

2011:
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se presenta como co-querellante en la causa de Saiegh y pide la detención de Martínez de Hoz y Reynal, acusados como autores intelectuales del secuestro y tortura de Saiegh para quitarle acciones del Banco Latinoamericano del que era dueño.

28 de octubre de 2011:
Eduardo Saiegh y Eduardo Luis Duhalde son aceptados como querellantes por el juez Norberto Oyarbide como co-querellantes en un  juicio penal contra Alejandro Reynal y José Alfredo Martínez de Hoz.

14 de noviembre de 2011:
La DAIA, representación política de la comunidad judía de la Argentina, se presentó ante el juzgado del juez Norberto Oyarbide para expresarle su “profundo interés” en la investigación y juicio por el Caso Saiegh y celebró que la justicia investigue "los aspectos profundamente antisemitas" de la última dictadura. También ofreció la información en su poder para ayudar en la búsqueda de justicia.

La gravedad penal y política de los hechos denunciados -en relación con la ilegal, represiva y torturante "autoliquidación" del Banco Latinoamericano por parte del BCRA, a fin de poder apropiarse del tesoro del mismo las acciones controlantes de Austral Líneas Aéreas, para consumar la fraudulenta e ilegitima maniobra de estatización de la misma, siendo éste el móvil principal de los delitos cometidos- es tal que torna nula, de nulidad absoluta la liquidación de mi banco.
El manto de la total impunidad criminal de los años de plomo del Proceso, comienza a levantarse, no solo ya con la prisión de Martínez de Hoz por la causa Gutheim por una exportación de algodón a Hong Kong, ya que si a ellos les pasó por eso, siendo mi denuncia sobre lo que me tocó vivir y luchar -desde hace más de 30 años- muchísimo mas grave, confío en que la Justicia termine de arrancar ese manto de impunidad para todos aquellos civiles socios de la dictadura que lucraron con el horror, la vida y la muerte para apropiarse del patrimonio de sus victimas mediante salvajes despojos, tal como narro en el libro "Justicia, Justicia...Justicia Perseguirás", que figura en este blog, así como en los documentos legales y testimoniales que aquí se transcriben.

QUE SEA JUSTICIA!

Eduardo Saiegh