La Cámara Federal
porteña ordenó, el 19 de octubre de 2012, reabrir la causa que investiga mi
secuestro en octubre de 1980, con el objetivo de despojarme del Banco
Latinoamericano y, a través de esta acción, quedarse con las acciones de
Austral con la intención de no cancelar la deuda con el BLA.
El tribunal hizo
lugar a un recurso que presentamos en el que responsabilizamos, por mi
detención ilegal, al entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro
Reynal, en el marco de un “plan urdido desde las más altas esferas del
gobierno militar” para apropiarse de “los bienes de empresarios judíos”.
Con la firma de los
camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiller, el tribunal ordenó desarchivar
mi causa, cuya acción penal había sido declarada prescripta en el año 2000,
dado que se trata de un delito de lesa humanidad imprescriptible.
La causa se inició
en 1982 cuando denuncié que el 31 de octubre de 1980, como fruto de una
denuncia anónima, fui detenido sin orden judicial por personal de la División
Bancos de la Policía Federal.
El grupo funcionaba
dentro del propio Banco Central y “a Disposición” de sus autoridades, y fui sometido
a torturas durante una semana.
Un mes después, Reynal
notificó a directivos del banco el rechazo de un plan de encuadramiento que
incluía la compra por el Credit Lyonnaise, exigiéndoles la autoliquidación bajo
amenaza de intervenir y ocupar la entidad.
Recién en 1991 la
justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva de Reynal, medida
revocada por la Cámara en 1992 y que, tras varias idas y vueltas, se convirtió
en una prescripción, en julio del 2000.
En su resolución
actual desarchivando aquella causa, el tribunal ordenó su unificación con otra
más reciente abierta en el 2011 con el respaldo del entonces secretario de
Derechos Humanos, el fallecido Eduardo Luis Duhalde, y apoyada por la DAIA.
En esta nueva
denuncia se aludió a que mi secuestro “tenía como trasfondo un ataque
sistemático y generalizado contra empresarios, en gran parte miembros de la
comunidad judía, con el objetivo de hacerse de sus bienes mediante coacciones y
secuestros”.
La decisión tomada
por la sala II del tribunal de apelaciones ordenó profundizar la pesquisa con
nuevos elementos aportados, e incluye la denuncia al ex dictador Jorge Rafael
Videla, a su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y a varios
jefes policiales identificados.